LA LUCHA CONTINÚA
El lunes 13 de junio el presidente de
la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), Leonidas Iza
Salazar, presentó en una rueda de prensa frente a medios tradicionales e
independientes los diez puntos de la agenda del paro nacional. En ese momento,
aproximadamente las 12:30 de la tarde, ya se podía observar la fuerza del
movimiento popular, en 17 provincias se desarrollaron una variedad de marchas
pacíficas y cierre de carreteras.
Específicamente, las demandas de la CONAIE son:
- Congelar los precios del diésel a $1,50, la gasolina extra y ecopaís a $2,10 y focalización de subsidios a sectores vulnerables.
- Moratoria de las deudas en la banca pública, privada y cooperativa.
- Precios justos en los productos del campo en las tres regiones del país.
- Empleo, derechos laborales.
- No a la ampliación de la frontera extractiva minera-petrolera, auditoria y reparación integral por los impactos socioambientales.
- Respeto a los derechos colectivos: educación bilingüe, justicia indígena, consulta previa, organización y autodeterminación de los pueblos indígenas.
- Alto a la privatización del patrimonio nacional y no al sometimiento de los tribunales internacionales.
- Políticas de control de precios y a la especulación en el mercado de los productos de primera necesidad.
- Presupuesto urgente para salud y educación.
- Políticas públicas de seguridad.
El día anterior el presidente de la república, Guillermo Lasso, había amenazado con la criminalización de la protesta “vandálica”, que incluía cierre de vías y la toma de pozos petroleros. El mensaje del gobierno era claro, se utilizarían todos los métodos legales para parar la protesta. Es así que en la noche del 13 Iza es arrestado. Un hecho que fue categorizado como una grave vulneración de derechos humanos y de libertad de protesta por la izquierda y los medios independientes, y como un error estratégico por la derecha.
Daría inicio a las jornadas de movilización verdaderamente masivas, especialmente en provincias de la sierra centro como Cotopaxi, donde, fortalecidas por la solidaridad de las organizaciones populares en contra de la detención del presidente de la CONAIE, marchan por su liberación. El gobierno intentaría desesperadamente contener la situación, primero trasladándolo a Quito, donde ante la fiscalía se veía un enorme incremento de la presencia policial, pero finalmente decidió que una jueza local era la que debía presidir el juicio.
Finalmente Iza sería liberado con medidas sustitutivas el miércoles 15, tras la denuncia de arbitrariedad e ilegalidad de parte del equipo legal de la CONAIE. A pesar de esto, la jueza deja abierto el caso e Iza tendrá que presentarse en la fiscalía de Latacunga el 4 de Julio para que una audiencia dictamine sobre el caso de flagrancia.
Todo esto en lugar de reducir la
manifestación la enciende todavía más y esta inesperada fuerza de las
organizaciones populares obliga al gobierno a cambiar de discurso, en lugar de
culparlas directamente habla de posibles infiltrados que estarían generando
hechos de violencia.
También incrementaría la represión
policial, con los primeros enfrentamientos entre policías y manifestantes,
todavía concentrados en los sectores con mayor población indígena, con relativa
presencia en las grandes ciudades como Quito, Guayaquil o Cuenca. Estas no
verían las primeras movilizaciones hasta el 16, cuando organizaciones de
mujeres, estudiantes y médicos se movilizan en Quito, y únicamente estudiantes
en Cuenca. Estas todavía son pequeñas en comparación a las que se realizan en el
resto de la Sierra, Imbabura, Cotopaxi y Chimborazo ven enormes movilizaciones,
mientras que en la Costa y Amazonía se dan levantamientos más pequeños, como en
Santa Elena y Sucumbíos.
La estrategia de la CONAIE avanza, con
un mayor apoyo popular y fortalecidos en provincias clave planean marchar hacia
la capital. Al mismo tiempo, Lasso lanza un discurso ambiguo, que a la vez
intenta dar respuesta a las demandas de la CONAIE (como los subsidios o la no
privatización de sectores estratégicos) y anuncia que hasta ese momento la
policía había actuado mesuradamente, pero que está permitiendo el uso
progresivo de la fuerza.
Los siguientes días, del 17 al 20,
marcan el inicio de la larga marcha indígena hacia Quito, caracterizada por
enfrentamiento con la policía y los militares a cada paso en las vías de
ingreso a la ciudad tanto al norte como al sur. Frente a esto se declara el día
18 el estado de excepción, que limita ciertos derechos como la libre asociación
o el derecho a la protesta, además de imponer toque de queda en Quito.
Serían las organizaciones de
estudiantes, especialmente de la Universidad Central, y las de mujeres las que
mantendrían la movilización en la Capital durante estos días, con
enfrentamientos en el centro de la ciudad, cerca del palacio de gobierno. Con
la proximidad del movimiento indígena otros focos de resistencia se encienden,
especialmente en los barrios más pobres, donde las expresiones de apoyo fueron
múltiples, desde marchas conjuntas hasta comida.
El discurso del gobierno fue doble, por un lado, la represión escaló en la Sierra y Amazonía y por el otro invitó al diálogo y dio pasos simbólicos para dar respuesta a las demandas del movimiento indígena. Estos reflejan las promesas realizadas inicialmente, junto con otros puntos clave como el congelamiento de los precios de la gasolina, pero otros están completamente ausentes, especialmente aquellos alrededor de la minería.
En este contexto la represión policial
no solo tomó forma de enfrentamientos con manifestantes, el estado de excepción
permitió la presencia militar, quienes se tomaron la Casa de la Cultura el día
19.
Empezó como un allanamiento
justificado por la policía por la posible presencia de armas de fuego y explosivos,
cosa que Fernando Cerón, presidente de la Casa de la Cultura, indica no ha
ocurrido desde la época de la dictadura, hace 46 años. Esto en la mañana del
día 19, un segundo momento ocurriría en la noche, tras las declaraciones de Patricio
Carrillo, ministro del Interior, quien anuncia que de acuerdo al decreto presidencial
la fuerza pública puede “resguardar” estas instalaciones y crear un centro
logístico donde los uniformados puedan hidratarse y recibir heridos.
Es importante tener en cuenta que
tanto la Casa de la Cultura como el parque El Arbolito son lugares de reunión
históricos del movimiento indígena, fue parte de la justificación del gobierno
que durante las movilizaciones de octubre de 2019 este espacio fue vital para
la realización de asambleas y para recibir a los manifestantes que llegaban
desde fuera de la ciudad.
Su toma por parte del gobierno
significó un duro golpe a su capacidad de reunión, obligándolos a acudir a las
universidades en busca de espacios que los reciban. Estas se negaron
inicialmente, solo accediendo al pedido de CONAIE tras la presión de las
organizaciones sociales en la tarde del 25, especialmente la Pontificia Universidad
Católica y la Universidad Politécnica Salesiana anunciaron la formación de
zonas de paz para el albergue de mujeres, niños y adultos mayores, mientras que
la Universidad Central sería un centro de asistencia humanitaria.
La llegada de los indígenas a Quito provoca
la represión en su punto más alto, los enfrentamientos entre manifestantes y la
policía, tanto en el sector de las universidades como frente a la Casa de la
Cultura y en las vías cerradas alrededor de la ciudad. Entre el 20 y el 23 de
junio organizaciones de derechos humanos como: Alianza por los Derechos
Humanos, Geografía Crítica, Amnistía Internacional y Human Rights Watch,
reportan numerosas violaciones de derechos humanos y abusos de poder, especialmente
el uso indiscriminado de la fuerza, arrestos arbitrarios, lanzamiento de bombas
lacrimógenas y disparos de armas de perdigones.
En estas fechas también aparecen las
primeras marchas blancas en Quito, Guayaquil y Cuenca, que se autodenominan
“marchas por la paz”, en oposición al paro. Donde más fuerza cobran es en la
capital, donde sus consignas adquieren tonos clasistas y racistas en contra de
los manifestantes. Estas se extenderán durante los siguientes días del paro.
El 22 de junio se realiza la marcha convocada por el Frente Unitario de los Trabajadores por su propia plataforma de lucha, en apoyo al paro indígena y rechazando la aprobación del decreto 459 que incluye el uso progresivo de la fuerza, así como la toma de la Casa de la Cultura. Además, plantean 11 puntos de su agenda:
- Derogatoria de los decretos 459 y 457.
- Cese de la represión policial y militar.
- Cese de los despidos del sector público y privado.
- No al alto costo de la vida, precios justos para pequeños y medianos productores.
- Generación de empleo pleno.
- Cumplimiento de los presupuestos constitucionales a las áreas prioritarias, como educación y salud
- Aprobación del Código del Trabajo.
- Combate a la corrupción e impunidad.
- Pago de la deuda del Estado al IESS.
- Vigencia plena de los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo irrespetados por el estado ecuatoriano.
- Baja de la tasa de interés a un solo dígito en los créditos de la banca privada.
Se suman a la negativa de la CONAIE al
diálogo con el gobierno, mostrando que las ofertas del gobierno no son “un
diálogo sino un monólogo” donde las organizaciones mediadoras ya están de
acuerdo con las propuestas de Lasso y no escuchan a los pedidos de la movilización
popular.
La noche del día 23 y la tarde del 24
serán el punto más alto hasta hoy de la protesta, pues después de días de estar
refugiados en las universidades se les regresa la Casa de la Cultura a la
dirigencia indígena y esta se plantea una Asamblea Popular invitando a
organizaciones de la sociedad civil y asambleístas de Pachakutik (el partido
del movimiento indígena).
Pero también es el día de mayor
represión se dan los más fuertes enfrentamientos que dejan un muerto, un número
aún no determinado de heridos, niños/as extraviados y bombas lacrimógenas son
lanzadas y alcanzan los interiores del ágora de la Casa de la Cultura en donde
se estaba realizando la asamblea popular. El personal médico tendría que
realizar un cordón humanitario para evacuar a los heridos.
Finalmente, durante los días 25 y 26
empiezan las señales de fatiga tanto del movimiento popular como del gobierno y
hay los primeros intentos de diálogo y negociación. La CONAIE también acude a
la Asamblea Nacional para buscar una salida legal a la situación, insinuando
que apoyaría la caída del gobierno.
En este momento se discute en la Asamblea
Nacional la destitución del presidente Lasso utilizando este mecanismo,
impulsada por la bancada de UNES, perteneciente al populismo correista con el
apoyo explícito de expresidente Correa, y con el apoyo de parte de los
asambleístas de Pachakutik y de algunos independientes
El
pedido de destitución es por grave crisis política y conmoción interna,
conforme el artículo 130 numeral 2 de la Constitución, a raíz del paro nacional
del movimiento indígena. Los dirigentes de Pachakutik se pronunciaron
oficialmente a favor de la destitución y llamaron a hacerlo a sus asambleístas.
Las
fuerzas políticas ya se han alineado con claridad: en contra el Partido
Socialcristiano que, aunque critica a Lasso, cree que se tiene que garantizar
la continuidad del gobierno a todo precio. La Izquierda Democrática también
está en contra porque no quiere hacerle el juego al correísmo, al igual que una
fracción de Pachakutik.
En cambio, para UNES los decretos de excepción 455 y 459 mostrarían con claridad que estamos ante una conmoción interna que el gobierno no puede controlar y que es directamente el causante de esta situación. Para el correísmo es la gran oportunidad de regresar al poder utilizando la lucha de los indígenas, a quienes persiguieron y criminalizaron durante su gobierno. La respuesta del gobierno consiste en acusar a todo el mundo de golpismo y de mal uso de los mecanismos constitucionales, sin reconocer su responsabilidad en la crisis social, económica y de seguridad por la que atravesamos.
Esta
posición alcanzaría a tener alrededor de 81 votos, lo que no alcanzaría para la
destitución que requiere de 92 votos. En este momento hay un juego de presiones
de cada bando tratando de asegurarse los votos para cada posición; pero, a
menos que pasen cosas extraordinarias que suelen ser frecuentes en nuestra
política, no se lograrían los votos para la destitución.
Como
hemos visto en situaciones similares en nuestro país, con la caída de varios
presidentes, la última arma que tiene la burguesía para salir de una crisis de
esta magnitud, con una enorme movilización de masas, es el recambio: poner otra
figura burgués que en todos los casos ha sido peor que la anterior y que ha
desarmado las luchas populares. Por esto, en este momento se trata de derrotar
el proyecto neoliberal y obligar a retroceder a este gobierno con la exigencia
de los 10 puntos de programa de lucha. La situación tiene que resolverse en las
calles y no en los pasillos de la Asamblea Nacional.
El hecho más relevante de las últimas horas ha sido la marcha multitudinaria de las mujeres y colectivos feministas exigiendo el cese de la represión y el cumplimiento de los 10 puntos exigidos por la CONAIE. A partir del llamado a la Concentración Nacional de Mujeres Diversas y con el lema: Honraremos la memoria de los fallecidos y haremos una limpita al país en crisis, han marchado hacia la Universidad Central en donde está concentrado el movimiento indígena. O como la convocatoria de Warmis por la paz demanda: Un llamado de las Warmis que custodian la vida por el cese de la violencia y por la paz con justicia social. Por su parte, la Bordada Colectiva ha dicho: Warmis exigimos que para la masacre. Por su parte la Acción Feminista Global por el Ecuador convocó de la siguiente manera: En las calles, en las redes y en las plazas de todo el mundo. Súmate desde tu territorio, sube una foto a tus redes acompañando la resistencia de los pueblos, las mujeres y las disidencias.
En estas movilizaciones, como en las
del 2019, hemos visto a oleadas de mujeres indígenas y de sectores populares
encabezar las marchas, soportar la dura represión policial, hacerse cargo del
apoyo logístico junto con grupos barriales y colectivos feministas que han
estado en la primera línea de fuego. También se tiene que mostrar que son
marchas con una composición mayoritariamente de jóvenes indígenas y urbanos.
Hasta hoy, 27 de junio del 2022
llevamos 14 días de movilización indígena y popular en Ecuador. El pueblo pone
las víctimas, el gobierno las marchas blancas: 5 fallecidos, 8 desaparecidos,
11 hechos de represión, 172 heridos, 142 detenciones. A pesar de los falsos
anuncios, la lucha indígena y popular continúa, como señala el comunicado de la
CONAIE del 24 de junio:
Ante el
terrorismo de Estado, pedimos a todos nuestros hermanos y hermanas mantener la
calma, no responder a la provocación y a la violencia, el Consejo Nacional
tomará y hará públicas las decisiones pertinentes, el Paro Nacional sigue hasta
conseguir resultados, mostremos organización y precautelemos la vida.
Mientras que
el gobierno ha dado respuestas tibias y marginales a los planteamientos
realizados por los movimientos populares. Hace concesiones que no atacan de
lleno los problemas de los pobres y se mantiene férreamente en su programa
neoliberal. Así, uno de los puntos principales de la plataforma de lucha que es
la disminución del precio de los combustibles fue declarada línea roja de este
gobierno, que no está dispuesto a ningún precio a tocar este tema.
Por esto la
declaración del movimiento indígena ha declarado con toda energía:
¡La lucha
continúa!
la rebelión Indígena y popular del inti raymi
Movimiento Revolucionario de las y los Trabajadores
El 22 de junio del 2022 se celebra el Inti Raymi, fiesta principal en el mundo andino que une el presente con la larga historia de nuestros pueblos, recuperando sus tradiciones, forma de vida, pensamiento y modos de organización. En este año, la fiesta se convirtió en rebelión indígena y popular, mostrando que las revoluciones se producen cuando las masas funden en un solo movimiento celebración y revuelta.
Esta rebelión se produce ante el gigantesco deterioro de la
calidad de vida de la población: inflación, pobreza, desempleo, informalidad,
pobreza rural mucho mayor que la urbana, desnutrición infantil, violencias:
género, delincuencial, estallido del narcotráfico, con gobiernos insensibles
preocupados exclusivamente de salvar a empresas y banca.
Además, no es un fenómeno aislado, sino la continuación de la secuencia que tuvo su mayor expresión en el Levantamiento de Octubre del 2019. Sin embargo, la pandemia del COVID-19 fue aprovechada por el gobierno de Moreno, con toda la clase burguesa detrás, para implementar su programa neoliberal, especialmente con la liberación de los precios de combustibles y las reformas laborales.
El siguiente momento fue el proceso electoral que significó una derrota para los sectores populares, a pesar de la alta votación obtenida por Pachakutik, un 20% extremadamente significativo que indicaba que parte de la población urbana aceptaba la posibilidad de un gobierno presidido por un partido del campo popular.
De manera inmediata, el fracaso de los diálogos y la
insistencia del gobierno en la liberación de los precios de los combustibles
terminó por desencadenar la movilización indígena. En este sentido, las
condiciones objetivas, histórica y coyunturales, para un estallido popular estaban
dadas. Sin embargo, el desfase entre estas condiciones objetivas y las
subjetivas se produjo de tal manera que el estallido no tuvo la magnitud del
Levantamiento de Octubre del 2019. Al menos dos contratendencias paralizaron la
movilización activa de las masas en apoyo al paro indígena: la presión por
trabajar para sobrevivir en una situación cada vez más precaria y la
derechización de la opinión pública polarizada por la violencia delincuencial y
del narcotráfico.
Podemos decir que, en términos de la correlación de clases,
los sectores populares logran arrinconar coyuntural y provisionalmente al
proyecto neoliberal, y relanzar las luchas sociales a tal extremo de parar todo
el país, directamente en la sierra y amazonia, e indirectamente en la costa.
Ascenso que coincide con las oleadas de masas en Chile, Bolivia, Perú y
Colombia, que han provocado cambios significativos en las estructuras políticas
de estos países.
Esta larga secuencia de lucha, con sus altos y bajos, abren
el debate de cuestiones fundamentales para el destino de nuestras sociedades: poder
popular, gobierno, conformación del campo popular social y políticamente,
programa y estrategias anticapitalistas, tácticas de lucha.
El objetivo fundamental del paro indígena y popular es
frenar y hacer retroceder el proyecto neoliberal, cuestión que se logra
políticamente, y en cuanto a lo económico en algunos puntos muy específicos
importantes: precio de los combustibles, mejorar las condiciones de pago de
créditos y mayor presupuesto para salud y educación, precios justos para los
productos agrícolas, entre otros.
Desde luego, es un triunfo coyuntural y temporal que será
necesario ampliar y consolidar, puesto que el gobierno y los empresarios
buscarán fortalecer el proyecto neoliberal en áreas en donde la resistencia es
menor: reforma laboral que precarice más aún el trabajo, relación con el FMI y
sus políticas, agresivo endeudamiento externo, extensión de los proyectos
mineros.
El movimiento indígena y los sectores populares logran
salir de la larga desmovilización provocada por la pandemia del COVID, que fue
aprovechada por el gobierno anterior para lanzar una agresiva serie de medidas
neoliberales, entre ellas, liberar el precio de la gasolina y pasar leyes
contra el trabajo.
Hasta los sectores más reaccionarios han tenido que reconocer
la validez de las demandas de los sectores indígenas y aceptar que este sector
vive en las peores condiciones. En el mundo rural es en donde se concentra la
pobreza, la desnutrición infantil, la marginación, el intercambio desigual que
paga de manera miserable por lo productos agrícolas.
Por
esto, el movimiento indígena sale fortalecido política y organizativamente de
esta batalla contra el gobierno y los empresarios; además, de poner en crisis
la continuidad del modelo neoliberal que tendrá que dar claros pasos hacia
atrás si no quiere enfrentarse a otra oleada de masas.
Lo logrado
es solo un momento de receso de la lucha social, pero dado que las condiciones
estructurales siguen allí, se esperan otras revueltas, incluso por parte de
sectores que en esta ocasión no participaron masivamente en ellas, como es el
caso del campesinado y pequeños productores de la costa.
En síntesis,
estos fueron las ganancias del paro indígena:
Demandas de la Movilización Indígena y Popular
Reducción
y no más aumento de los precios de los combustibles. Congelar el diésel a USD 1.50 dólares y las gasolinas extra y ecopaís a 2,10 dólares. Focalización a los
sectores que necesitan subsidios: agricultores, campesinos, transportistas, pescadores,
entre otros.
Moratoria
de al menos un año y renegociación de las deudas con reducción de los tipos de
interés en el sistema financiero (Público y privado). No al embargo de bienes
como casas, terrenos y vehículos por impago. Se solicita que no se vete la
reforma de Ley de Apoyo Humanitario aprobada por la Asamblea.
Políticas
de inversión Pública para frenar la precariedad laboral y garantizar la
sostenibilidad de la economía popular. Exigir el pago de las deudas con el IESS.
Moratoria
a la expansión de la frontera minero-petrolera, auditoria y reparación integral
de los impactos socio-ambientales. Derogatoria de los Decretos 95 y 151.
Respeto
a los 21 derechos colectivos: educación integral bilingüe, justicia indígena;
consulta libre, previa e informada; autodeterminación de los pueblos indígenas.
Presupuesto urgente ante las carencias hospitalarias por falta de medicamentos y personal. Garantizar el acceso a la educación superior y la mejora de la infraestructura.
Respuesta del Gobierno
Reducción
de USD 0, 15 dólares en diésel, extra y ecopaís. Se trabajará en las políticas
de focalización de subsidios.
Alivio
económico para los agricultores. Se incrementó el desembolso de préstamos al
1" de interés y a 30 años de plazo en 100 millones de dólares. Nuevas
líneas de crédito productivo al 5% de interés, a un plazo de 10 años y por un
monto de hasta 20.000 dólares. Prestamos de Ban Ecuador con mejores tasas de
interés y condonación de deudas
54.037
personas han sido contratadas entre el 24 de mayo de 2021 y el 17 de junio de
2022. Mientras tanto, en el Sistema Laboral Unificado, los empleadores han
registrado 503.213 contratos. El salario básico subió de USD 400 a USD 42S.
Dentro
del dialogo se acordó la derogatoria del Decreto 95 (Política hidrocarburifera)
y reforma al Decreto 151 (Plan de Acción del Sector Minero). Así, las
actividades mineras no podrán desarrollarse en: áreas protegidas y territorios ancestrales:
zonas intangibles, arqueológicas y de protección hídrica. se elaborará una
reforma al artículo 66 de la Ley Orgánica de la Circunscripción Territorial
Especial Amazónica, y artículos conexos.
Se
ha duplicado el presupuesto para la educación intercultural bilingüe. En cuanto
a la consulta previa, el Gobierno está preparando un instructivo. Se acordó que
se garantizara la consulta bajo los estándares de la CIOH y la Corte
Constitucional. Además, la Asamblea Nacional debe emitir una Ley Orgánica sobre
este derecho, de lo cual tomó nota el presidente de la Asamblea
El
Gobierno ha aumentado el presupuesto de las universidades en 50 millones de dólares,
pero estas tienen autonomía administrativa y financiera. Por lo tanto, la mejora
de sus infraestructuras depende de su gestión interna. El 22 de junio, el
Ministerio de Salud declaró la emergencia sanitaria en la institución.
Si ya era débil, ahora lo es más. Pero, esto hace que esté
mucho más entregado a los empresarios, banca, prensa y especialmente militares
que son los que en último término le sostienen. Hacia delante tendrá cada vez
más problemas para gobernar. Además, esta derrota probablemente se refleje en
malos resultados electorales.
Si bien no fue destituido, hay una mayoría en su contra en
la Asamblea Nacional y por eso no logrará que se apruebe ninguna de sus leyes. Sin
embargo, se conformó una triple alianza: gobiernos, empresarios y prensa. El
discurso repetido hasta el cansancio fue el cálculo de las pérdidas de los
empresarios por los días de paralización. La prensa se colocó a la derecha del
gobierno exigiéndolo medidas más duras, haciéndose eco del discurso del
terrorismo y se negó a informar sobre los hechos tal como están sucediendo.
Por esto, lanzó como estrategia el apoyo y organización de
marchas blancas por la “paz”, lideradas por políticos de extrema derecha con un
discurso racista y violento, que se expresó sobre todo en Quito y Guayaquil. El
gobierno buscará rehacer sus alianzas políticas si quiere sobrevivir: lo
primero ha sido el cambio de gabinete, como muestra un claro giro hacia
acercarse nuevamente a las posiciones socialcristianas que son las únicas que
le darían un cierto respiro.
Ante esta soledad tratará de gobernar con una mayor cercanía al sector
empresarial y bancario, pero esto, al mismo tiempo, le llevará a una mayor
confrontación con una sociedad que rechaza el modelo neoliberal y que exige
políticas sociales claras que combatan la pobreza, el desempleo y la violencia.
Por lo tanto, se encuentra en un callejón sin salida, del cual no se ve claro
cómo va a salir. Por el momento cuenta con el apoyo de la cúpula militar que le
sigue sosteniendo.
Las 10 Demandas de la CONAIE
1. Congelar
los precios del diésel a $1,50, la gasolina extra y ecopaís a $2,10 y
focalización de subsidios a sectores vulnerables.
2. Moratoria
de las deudas en la banca pública, privada y cooperativa.
3. Precios
justos en los productos del campo en las tres regiones del país.
4. Empleo,
derechos laborales.
5. No a la
ampliación de la frontera extractiva minera-petrolera, auditoria y reparación
integral por los impactos socioambientales.
6. Respeto a
los derechos colectivos: educación bilingüe, justicia indígena, consulta
previa, organización y autodeterminación de los pueblos indígenas.
7. Alto a la
privatización del patrimonio nacional y no al sometimiento de los tribunales
internacionales.
8. Políticas
de control de precios y a la especulación en el mercado de los productos de
primera necesidad.
9. Presupuesto
urgente para salud y educación.
10. Políticas
públicas de seguridad.
3. Las demandas de la movilización.
Las 10 demandas recogen aspectos centrales para la vida de
los ecuatorianos. Por supuesto, el tema del precio de la gasolina es el central
y el que permite que otros sectores adhieran a la lucha. Sin embargo, la manera
en que están formuladas hace que sean interpretadas de modo minimalista; esto
es, discurso maximalista con negociaciones minimalistas o al menos de corto
alcance. Todas en su integralidad son imposibles de ser aceptadas por un
gobierno burgués; así que, habrá un juego de negociaciones muy concretas en
algunos ítems y en otras, propuestas de carácter general.
Esto de ninguna manera significa minimizar los logros de
esta lucha que, de aplicarse, provocarían un beneficio directo sobre las
condiciones de vida de los ecuatorianos y de los sectores indígenas. Tomemos el
punto 3 de las demandas de la movilización para mostrar sus efectos:
El punto 3 de la “Agenda de
Lucha Nacional” (1) planteado por el movimiento indígena define al menos tres
prioridades para el sector agropecuario: a) precios justos para la producción
campesina; b) subsidio agrícola y, c) no firmar tratados de libre comercio.
Estas demandas tienen como finalidad
reducir la desestructuración de las economías campesinas provocada por factores
externos como el cambio climático, la guerra en Ucrania y los efectos globales
del Covid19, pero también por las políticas de reactivación productiva y la
reducción del tamaño del Estado promovidas por los dos últimos gobiernos
nacionales.
En síntesis, el punto 3 de la agenda
del movimiento indígena no representa solo demandas coyunturales, sino que exigen
atención a la problemática agropecuaria nacional donde la agricultura campesina
es un actor central que aporta a la soberanía alimentaria, la generación de
empleo y riqueza. Sin embargo, debido a factores externos e internos las
economías campesinas están en riesgo, y es en este sentido que exigir precios
justos es un mecanismo de compensación por su aporte a la economía nacional.
Por otra parte, si bien se recoge un aspecto que hace
referencia a los trabajadores, las demandas no recogen las reivindicaciones y
plataforma de lucha de este sector tal como ha sido formulado por el FUT.
Tampoco se ha integrado las demandas de las mujeres y los colectivos
feministas; por el contrario, hay el temor de que se hagan concesiones a los
sectores indígenas evangélicos que se han pronunciado en contra de los derechos
sexuales y reproductivos, y que incluso fueron parte de los sectores que
rechazaron las vacunas contra el COVID.
Es indispensable avanzar en un programa de transición que
incluya las reivindicaciones de los diferentes sectores, articulándolas en una
perspectiva anticapitalista. Por ejemplo, se hubiera podido incorporar a las
demandas la derogatoria del Decreto 457 que despide a miles de funcionarios,
incluidos maestros, debilitando áreas estratégicas como salud y educación, y
que anuncia el incremento de servicios como agua y luz. Decreto que fue emitido
precisamente en los días de la huelga y que no se mencionó por parte de la
dirigencia indígena.
A lo que se debe añadir la cuestión de la reforma laboral
neoliberal que impulsada desde el anterior gobierno y que este retoma con
fuerza, y que quiere convertirse en ley a través de la nueva Ley de Trabajo,
que reemplace al caduco Código de Trabajo actual. Aquí se juega el destino de
la mayoría de los trabajadores de nuestro país, formales e informales, porque
abriría ya sin límites la puerta a una precarización del trabajo, al deterioro
de sus condiciones básicas, aparte de la ofensiva brutal contra toda forma de
organización de los trabajadores. Esta es una lucha que tiene que ser
incorporada en estas batallas generales contra el proyecto neoliberal.
4. Las Formas de Lucha
El paro indígena se definió desde
el inicio por tres características: nacional, territorial e indefinido. Esto
es, en su primera etapa se cerrarían las carreteras en todas las provincias que
fuera posible, sosteniéndose en la organización indígena, a la espera de la
participación de los sectores populares de las ciudades.
En la segunda fase, en una
clásica concepción de la lucha del campo a la ciudad, los indígenas marchan
hacia la capital y desde allí realizan movilizaciones y conducen el
enfrentamiento con el gobierno en la exigencia de los 10 puntos. Una marea
indígena llegó a Quito. Al parecer en su momento más alto habrían alrededor de
25 mil indígenas en Quito.
Se profundiza el cerco a las
ciudades que, poco a poco, sienten en desabastecimiento. Las ciudades medianas
de la sierre terminan sofocadas por el asedio total que no permitió ni siquiera
el paso de ambulancias, gas, alimentos. Esta situación se flexibilizó en
algunos momentos y provincias. Esta constituye el arma fundamental en la lucha:
apretarle el cuello a las ciudades para obligar a que el gobierno negocie.
Junto con esta táctica, en el
Oriente los indígenas lograron paralizar parcialmente la producción del
petróleo, lo que provocó enfrentamientos violentos. Esta producción bajó al 60%
de su capacidad. Esta dirección de tomarse los sectores estratégicos, que ya es
clásica de este sector, también se acompañó de la toma de una estación de
transferencia eléctrica que traslada energía desde Oriente hasta Guayaquil; no tuvo el
efecto esperado porque el Estado ecuatoriano cuenta con un sistema eléctrico interconectado.
Además, hubo la toma de gobernaciones de manera temporal, que luego era
devueltas y que llegó a nombrarse a otro gobernador de manera simbólica.
Más allá de estas tácticas
claramente planificadas, la lucha en las carreteras y en las ciudades tomaron
rumbos impredecibles, con enfrentamientos que se han vuelto cada vez más
violentos.
Sobre estas tácticas de lucha
caben las siguientes reflexiones:
En primer lugar, dada la magnitud
del paro indígena, que prácticamente paraliza el país de manera indefinida, se
requiere de una planificación mucho más profunda para sostenerla; así para
garantizar las mínimas condiciones de los indígenas en Quito, habría hecho
falta negociar previamente con las universidades, organizaciones de derechos
humanos y humanitarias, veedores internacionales y con las organizaciones de
mujeres que son las que llevan el peso del apoyo humanitario. No se puede dejar
a la voluntad más o menos espontánea de la población y de las instituciones que
se solidarizan. De hecho, solo con la CCE había un acuerdo para que fuera el
centro de recepción y de las acciones de la CONAIE.
En segundo lugar, la táctica del
boicot total a las ciudades tiene límites. No se la puede sostener
indefinidamente porque se termina por afectar a los sectores populares, los que,
si bien en un primer momento apoyaron de manera pasiva a la movilización
indígena y popular, luego exigen un diálogo y solución. Luego, tiene que darse
una solución desde el inicio a los temas del abastecimiento de combustible, alimentos,
medicinas, ambulancias.
Esto no conduce a renunciar al
asedio del campo a la ciudad, sino a diseñar otras formas de lucha más
avanzadas, como tantas revoluciones nos han enseñado antes. Así se podría pasar
del boicot a la autogestión de los territorios, en donde gobernadores indígenas
y populares regularan el transporte de emergencia y administraran los
territorios.
Desde luego, esto lleva
directamente a las cuestiones del doble poder, que en ningún caso fueron
formuladas ni siquiera de manera elemental; y que pudieron llevar a la lucha a
niveles superiores, mostrando que, en último término, solamente un gobierno
popular puede cambiar las estructuras opresivas del capitalismo.
Esto también tendría un efecto
sobre la alianza entre indígenas y sectores urbanos. Si bien es cierto, que las
barriadas periféricas de Quito se sumaron a la lucha y fueron un factor
fundamental para que se sostuviera, la gran masa de la población miró con
simpatía, pero pasivamente a la movilización. Un estrangulamiento de las
ciudades que vaya hasta el extremo provocará que capas medias y populares
importantes se alejen de los indígenas. Los llamados a que se dejará pasar el
transporte humanitario indispensable fueron, por parte de los dirigentes, más
retórico que efectivo.
En tercer lugar, algunos sectores
especialmente de jóvenes plantearon una lucha insurreccional aduciendo que
había que enfrentarse al estado por todos los medios. Desde luego, todas las
formas de lucha son válidas; pero, no todas las formas de lucha son válidas en
todo momento.
En estos levantamientos la forma
de lucha es ante todo de resistencia, de protección y cuidado de los sectores
más vulnerables que participan en marchas y luchas, de contrarrestar la
violencia desmesurada de los aparatos militares. No estamos en una fase
prerrevolucionaria y ni siquiera está planteado el problema del poder.
La lucha de las mujeres indígenas
y de los sectores populares con el apoyo de grupos urbanos de mujeres y algunas
agrupaciones feministas fue clave en este paro indígena, junto con la
participación de los jóvenes, que expresa la profunda desigualdad de este país,
porque ellas son las más pobres entre las pobres.
Las razones para apoyar los 10 puntos de las demandas de la movilización se centran en que tienen impactos directos sobre la calidad de vida de las mujeres, en cuestiones de producción, alimentación, salud, mejora del acceso al sistema de créditos, control de precios. Todos estos aspectos tienen que ver directamente con las estrategias de supervivencia, con la mantención diaria de las familias.
Una de las voceras sostiene en una entrevista, que el paro nacional es un reto para las mujeres populares del campo y de la ciudad. Mostrar las diferencias y enunciar las necesidades específicas de las mujeres en todo el pliego de peticiones ha sido un reto que tenemos que seguir trabajando y para eso estamos dicen las mujeres.
También hablan de que a las organizaciones indígenas y campesinas les falta crecer para reconocer la situación y necesidades de las mujeres. Y apoyar para que puedan asumir liderazgos locales y nacionales ya que para las mujeres indígenas, campesinas y populares es un reto todavía a vencer, dado que esto significa dar mucho tiempo a estas actividades, y a veces se convierte en una carga más a sostener.
Por su parte, los colectivos de
mujeres y feministas, además del apoyar el paro y contribuir de manera
importante a la movilización y logística, plantearon sus propias
reivindicaciones: visibilizar el incremento del feminicidio, aborto libre,
legal y seguro, garantizar los derechos sexuales y reproductivos, contra las
leyes de la migración, legalización de tierras para las mujeres indígenas,
condiciones de trabajo dignas para las mujeres y disidencias.
6. Violencia de los Opresores.
En este paro indígena constatamos la lógica de los aparatos
represivos del estado, que son utilizados con la intención de parar la
movilización. El discurso del uso represivo de la fuerza fue la figura
principal que se utilizó. Así se lanzaron ataques indiscriminados contra la
población indefensa tanto en las movilizaciones como en las barriadas
periféricas, en los cierres de carretera y en torno a los pozos petroleros.
Liderados por el Ministro de Defensa se lanzó una ofensiva
contra los que ellos sostienen que no es una marcha por derechos y demandas
justas, sino expresiones de terrorismo que es necesario descabezar. Así en el
paro indígena ya tenemos seis muertos, centenares de heridos muchos ellos de
gravedad. Hemos podido constatar la violencia desatada de la policía contra los
manifestantes, en donde el odio de clase y el racismo se hacen carne.
Un primer informe de la magnitud de la violencia señala:
Los testimonios recogidos son
desgarradores. Todos coinciden en destacar la violencia represiva desplegada y
el ataque masivo sobre población civil indefensa. Las fuerzas de seguridad
actuaron con vehemencia e impunidad en el ejercicio de la represión.
Cumpliendo órdenes directas del poder ejecutivo, desplegaron intervenciones abusivas, excesivas y desproporcionadas, provocando graves lesiones, en algunos casos letales. Esta situación se incrementó en el marco del estado de excepción. Se pudo constatar que personal policial, especialmente integrantes del cuerpo de elite UMO (Unidad de Mantenimiento del Orden), dispararon directamente al rostro, de manera horizontal, a corta distancia, con el claro objetivo de matar. Se utilizaron municiones antitumulto, cartuchos de gases lacrimógenos, cartuchos con perdigones de plomo y balas de plomo.
El criterio abusivo, arbitrario y
desproporcionado de las facultades para detener; el trato cruel dispensado a
los detenidos que incluye tormentos, malos tratos, inhumanos o degradantes,
configuran especiales vulneraciones dirigidas a menoscabar la propia condición
humana. La arbitrariedad registrada en los plazos de detención junto a la
ausencia de toda información y colaboración con familiares y asistentes legales
constituyen una flagrante violación al legítimo ejercicio del derecho de
defensa.
Existen varias denuncias de detenciones sobre autobuses, donde los detenidos son golpeados, requisados y retenidos durante varias horas. Ha llamado la atención de esta Misión las numerosas denuncias de los voluntarios de salud y plataformas de defensores de Derechos Humanos, que aún formal y correctamente identificados fueron atacados por las fuerzas represivas en violación a las más elementales normas de resguardo y no obstrucción de sus imprescindibles tareas. Igual proceder ilegal ha sido denunciado por periodistas, comunicadores sociales y grupos multiculturales que por tradición suelen integrar las columnas de manifestantes.
Amerita señalar aquí que el menoscabo a la condición indígena ha sido el elemento distintivo del accionar policial: existen cantidades de denuncias respecto a humillaciones verbales en este sentido. Desde el propio Estado se fomenta un discurso de odio y xenofobia, materializado socialmente en pretendidas movilizaciones por la paz donde se agitan consignas tales como “fuera indios” que llegaron al disparo de civiles contra la población indígena movilizada. Se recepcionaron testimonios que dan cuenta de la participación de civiles armados ya sea desde las mismas líneas de las fuerzas de seguridad o contando con su aquiescencia en varios puntos del país. (Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos).
7. Nunca tan lejos del frente único, nunca tan
distantes del poder.
A pesar de la importancia del paro popular e indígena, y de
haber logrado detener y hacer retroceder el proyecto neoliberal cuestionándolo
a fondo, además de lograr paralizar el país, existen limitaciones que tiene que
ser explicitadas, porque tienen consecuencias en el presente de las luchas y en
sus proyecciones futuras, y que requieren que se las resuelva adecuadamente.
Tres aspectos caben señalarse: el retroceso en las
políticas de frente único, la ausencia de un proyecto político y la
inexistencia de un campo popular con una dirección revolucionaria.
En primer lugar, los problemas con el frente único. En este
paro indígena ha sido la unidad de los sectores populares la que más ha
sufrido. Si bien hemos tenido una unidad de hecho con el movimiento obrero, de
mujeres, maestros y las barriadas periféricas, sus principales demandas no
fueron tomadas en cuenta y sus organizaciones permanecieron ignoradas, actuando
exclusivamente como parte de la movilización, logística, apoyo, difusión del
paro.
La política de la dirigencia indígena fue de clara
exclusión de cualquier otra fuerza social organizada, a las cuales ni siquiera
se las nombró. Se implemento una estrategia que se puede denominar de corto
circuito: saltarse las organizaciones sociales y apelar directamente a las
bases, al pueblo. Esto provocó la invisibilización de colectivos de mujeres y
grupos feministas que fueron las primeras en convocar a marchas urbanas una vez
desencadenado el paro indígena. Igualmente, los sectores obreros, enteramente
activos y comprometidos en la lucha, estuvieron al margen de las decisiones
políticas del paro.
La convocatoria a una Asamblea Popular que realizó la dirigencia indígena se redujo a algunos discursos marginales de diversos movimientos sociales y no concluyó en la conformación de una dirección colectiva del paro ni en el diseño estratégico de la lucha. En realidad, no tuvo consecuencias significativas en el desarrollo del paro, ni favoreció la incorporación de otros sectores.
Como se pudo ver en el proceso de negociaciones, si bien el
discurso señala que se han tomado reivindicaciones del pueblo ecuatoriano,
participan únicamente dirigentes indígenas, cuando abrirse a otros sectores lo
único que haría es fortalecer la lucha social contra el gobierno neoliberal. La
burguesía sale ganando si tiene que enfrentar a cada sector por separado y si
su ofensiva sobre los trabajadores, que son una inmensa mayoría en este país,
tiene vía libre para ejecutarse.
Problemas de la unidad que también se dieron al interior
del propio movimiento indígena con la exclusión de dos de sus partes:
Pachakutik que hubiera debido estar en primera línea de la batalla como sector
político organizado y no solo sus bases que de hecho estuvieron en el paro, y
los asambleístas de este sector, sobre los cuales únicamente se ejerció presión
para que actuaran de un modo u otro, en vez de convocarlos y diseñar con ellos
estrategias y tácticas conjuntas.
Por esto, emergen de esta lucha tres sectores indígenas con
sus respectivos líderes que se posicionan en el escenario nacional: CONAIE con
Leonidas Iza como el líder visible del paro indígena, el ascenso de la FEINE con
Eustaquio Toala y el relanzamiento de Marlon Vargas en la CONFENIAE. (En el
caso de Yaku Pérez, este pierde terreno por la derrota al no poder inscribir su
movimiento nacional y tuvo que quedarse en su pequeño territorio local. Habrá
que ver en qué medida él y el sector al que representa logran recomponerse en
las elecciones que vienen).
Aunque no se justifica no es de extrañar la marginalidad y
crisis del FUT, que apenas si convocó a la marcha del 22 de junio que, además,
se dio de manera separada de la marcha indígena. Al final de estos días de
huelga tuvimos finalmente un principio de articulación y de frente único aún
inicial con la Coordinadora de Organizaciones sindicales, sociales y populares
del Pichincha que convocó a diversos sectores obreros y lanzó la marcha del 29
de junio, aunque está también se dio separada de la marcha indígena que se
realizó en la mañana.
En segundo lugar, la ausencia de un proyecto político que
delineara unas grandes líneas estratégicas que dieran sentido a las distintas
acciones y formas de lucha y, sobre todo, que permitieran avanzar política y
organizativamente.
Ya se ha mencionado la ausencia de estrategias de doble
poder que hubieran permitido pasar del boicot y el asedio a las ciudades a
estrategias de autogobierno en los territorios, garantizando el aprovisionamiento
de las ciudades y aproximando a la lucha a los sectores urbanos populares y de
las clases medias.
Las cuestiones del poder estuvieron ausentes del paro
indígena y valdría decir ni siquiera las del gobierno, si bien en un momento
dado de la lucha, y de manera ambigua, se empujó la destitución del presidente;
luego, se retrocedió en el discurso señalando que el único objetivo del paro
indígena eran los 10 puntos de las demandas.
No se propagandizó el tema de un gobierno popular como el
único que estaría en capacidad de resolver los principales problemas del pueblo
ecuatoriano; y la ausencia del frente único no hace sino alejar del debate
nacional la necesidad de un gobierno -y poder- alternativo anticapitalista. Y
que inclusive pueda servir de orientación para no perderse en el próximo
proceso electoral.
En tercer lugar, la inexistencia de un campo popular con
una dirección revolucionaria. Es claro que, a pesar del avance de la lucha y
movilización indígena, no se ha conformado un campo popular con una política,
estrategias y tácticas de lucha adecuadas para la situación en la que vivimos.
Una oleada de movilizaciones profundas que vienen desde
Octubre del 2019 y que, a pesar de la magnitud, no dejan detrás de sí
conformado un campo popular con mecanismos de coordinación de las luchas,
plataformas de lucha que recojan las reivindicaciones de todos los sectores y
que avancen sobre el Programa de Parlamento de los Pueblos y que se expresan
también en los procesos electorales.
En este sentido, sigue estando frente a nuestros ojos la
enorme movilización indígena y popular y, al mismo tiempo, la crisis de
dirección revolucionaria que, finalmente, solo contribuye a debilitar las
luchas y hacer que, a pesar de sus logros, como hacer retroceder el proyecto
neoliberal, se disuelven sin desarrollar un proyecto contrahegemónico
permanente.
Paro Nacional: la lucha por el punto 3
Por: Esteban Daza
El punto 3 de la “Agenda de Lucha Nacional” (1) planteado por el movimiento indígena define al menos tres prioridades para el sector agropecuario: a) precios justos para la producción campesina; b) subsidio agrícola y, c) no firmar tratados de libre comercio. Así lo expresó el presidente de la CONAIE la noche del domingo 12 de junio previo al inicio del paro nacional.
“…Nosotros hemos manifestado de manera categórica, los
precios justos en los productos del campo de las tres regiones del país, donde
se debe garantizar subsidios agrícolas y no las firmas de TLCs, como en este
momento vemos al presidente de la república viene, en este caso, comprometiendo
a nivel internacional la firma de 12 tipos de TLCs” (2).
Estas demandas tienen como finalidad reducir la desestructuración de las economías campesinas provocada por factores externos como el cambio climático, la guerra en Ucrania y los efectos globales del Covid19, pero también por las políticas de reactivación productiva y la reducción del tamaño del Estado promovidas por los dos últimos gobiernos nacionales.
El presidente de la república Guillermo Lasso mediante el
decreto N°456, y carta dirigida a Leonidas Iza, responde al punto 3 subsidiando
el 50% del precio de la urea y señalando que el Ministerio de Agricultura lleva
acciones para que se respete el precio mínimo de sustentación en banano, arroz
y el litro de leche.
Si bien las medidas tomadas por el gobierno nacional apuntan
a aliviar en algo los costos de los insumos (-50% del precio de la urea)
todavía existen limitaciones cuando se hace referencia a los precios justos
para la agricultura campesina, situación que implica, más que una respuesta
coyuntural necesaria, una comprensión urgente de la estructura productiva agropecuaria.
En primer lugar, exigir precios justos hace referencia a
la necesidad de plantearse una política que proteja a la agricultura
campesina a nivel nacional ante mecanismos de mercado que no tienen nada
de libres, sino que están definidos por monopolios y oligopolios que controlan
la cadena agroalimentaria desde la esfera productiva hasta la comercial.
Segundo, es importante reconocer que en Ecuador no se cumplen con las normativas que garantizan precios “justos” para las pequeñas agriculturas: primer ejemplo, no se paga el precio oficial de la caja de banano, mecanismo establecido en la Ley para Estimular y Controlar la Producción y Comercialización del Banano…; segundo ejemplo, en los Consejos Consultivos de rubros como maíz o arroz, entre otros, la representación de los agricultores es suplantada en muchos de los casos por agrupaciones de intermediarios.
Tercero, el 31 de mayo de 2022 la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de Ley Orgánica para la Fijación del Precio de la Leche donde existe el acuerdo para sostener un precio mínimo de sustentación por litro, que equivale al 52,4% del precio de venta al público, sin embargo, este proyecto de ley espera el veto de la función Ejecutiva –esperamos que el presidente no anule o cambie el articulo que hace referencia a la fijación del precio–.
Cuarto, en la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional reposan un par de propuestas de ley que establecen posibilidades de proteger a la agricultura campesina mediante la fijación de precios a los productos agropecuarios. Uno de esos proyectos es el Código Orgánico de Soberanía Alimentaria.
Quinto, el país junto a todos los Estados miembros de la FAO
se comprometió a impulsar el Decenio de la Agricultura Familiar 2019-2028 a
través de la construcción de un Plan de Acción Nacional, plan que debe
construirse con representantes indígenas y campesinos que podrían definir
mecanismos para garantizar precios justos. Sin embargo, este proceso ha sido
abandonado por las autoridades del Ministerio de Agricultura.
Sexto, como vemos, en el país existen instrumentos para
elaborar una política de precios de sustentación, precios referenciales
y/o bandas de precios. Cada una de estas opciones debe tener un tratamiento
técnico/político sobre la importancia de la agricultura campesina que, en
cifras del INEC 2021, representa aproximadamente el 85% del total de unidades
de producción a nivel nacional –más o menos un millar de unidades
agropecuarias–.
Séptimo, la exigencia
de precios justos –de sustentación, referenciales o de bandas–, no es una
demanda para beneficiar exclusivamente a las poblaciones indígenas sino a todo
el sector campesino compuesto por montubios, afros y mestizos. Según el INEC
2021, el 62% de productorxs de maíz amarillo son mestizos y un 30% montubios;
en arroz el 54% son mestizos y el 43% montubios; en naranjilla el 76% son
mestizos y 16% indígenas; en quinua el 76% son indígenas y el 13% mestizos y,
en papa el 58% son mestizos y el 40% indígenas.
Octavo, en el país no se podría sostener una Tasa de
Participación Alimentaria del 85,9% al 2020 sin la presencia de la
agricultura campesina en la producción de alimentos básicos como: tomate de
árbol, el 92% de productorxs tienen menos de 1 hectárea; cebolla colorada, el
82% tienen menos de 1 hectárea; papa, el 91% tienen menos de 10 hectáreas. Lo
mismo sucede con la participación en rubros de agroexportación y agroindustria,
85% de las unidades de producción de cacao tienen menos de 5 hectáreas, al
igual que en maíz amarillo (3).
Noveno, la construcción de mecanismos para
definir una política de fijación de precios tiene su principal conflicto con la
intención del Ecuador de firmar Tratados de Libre Comercio TLCs. Según la
OMC y los ministerios de Comercio Exterior y de Agricultura, la fijación de
precios viola los “acuerdos globales” sobre comercio internacional y dificulta
o hace casi imposible firmar tratados con otras naciones. La política de
apertura comercial del gobierno nacional anuncia al menos la firma de 10 TLCs
con nuestros socios comerciales: EEUU, China entre otros, en su discurso el
gobierno expone los beneficios, pero no habla de los riesgos. Por ejemplo, EEUU
es el principal exportador de maíz amarillo, representa el 39% del comercio
mundial, mientras en Ecuador la producción de maíz amarillo genera 200 mil
empleos y agrupa a 116 mil unidades de producción, el 96% de menos de 10
hectáreas, además cubren aproximadamente entre el 90% y 95% de la demanda
nacional. La pregunta es: ¿qué pasará con estos empleos y estas unidades de
producción si por el TLC debemos importar maíz a precios más bajos que el
nacional debido a los altos subsidios que tiene este producto en EEUU? Si
nos fijamos quiénes han ganado y quiénes han perdido en los 5 años de
implementado el acuerdo comercial con la Unión Europea, podemos observar que en
las zonas donde se produce cacao y banano, los índices de pobreza y
desnutrición no han disminuido.
En síntesis, el punto 3 de la agenda del movimiento indígena no representa solo demandas coyunturales, sino que exigen atención a la problemática agropecuaria nacional donde la agricultura campesina es un actor central que aporta a la soberanía alimentaria, la generación de empleo y riqueza. Sin embargo, debido a factores externos e internos las economías campesinas están en riesgo, y es en este sentido que exigir precios justos es un mecanismo de compensación por su aporte a la economía nacional.
Las mujeres y el paro nacional:
LAS MÁS POBRES ENTRE LOS POBRES.
LAS MÁS POBRES ENTRE LOS POBRES.
La participación de las mujeres
en el paro nacional convocado por la CONAIE, FENOCIN, FEINE, el 13 de junio de
2022, tuvo una presencia importante de cientos de mujeres jóvenes, adultas,
niñas, tanto de las nacionalidades de la sierra, oriente y en menor medida de
la costa, así como de mujeres de organizaciones barriales, del norte, sur y
occidente de la ciudad de Quito y de organizaciones feministas.
Es importante resaltar la
participación de las mujeres indígenas y campesinas en el paro nacional, que a
pesar de todas las dificultades que tienen para movilizarse su presencia fue
fundamental como pudo constatarse en los largos días del paro indígena. Un
testimonio decía:
Para poder participar en el paro
y en las movilizaciones, tenemos que cargar con nuestra vida y también con la
de los otros, vienen con sus hijas e hijos muchos de ellas/os lactantes. Unas
vienen y otras se quedan, porque también les toca sostener la vida y la lucha
en los territorios, en cada comunidad quedan las abuelas a cargo de todo.
Las razones por las que las
mujeres participan y apoyan los 10 puntos presentados por el movimiento
indígena es por que tienen un
impacto directo sobre su vida y de sus familias:
Participan para mostrar que en
los 10 puntos también están presentes sus demandas y necesidades, sus derechos
a la salud, educación, trabajo, no a la violencia, no a la minería por el
derecho a vivir mejor.
Pone en discusión la grave crisis
económica que vive el país, y están en la primera fila porque sienten con mayor
fuerza esta situación de pobreza y precariedad en que viven las mujeres y las familias
indígenas y campesinas, sobre ellas recae toda la carga de sostener la propia
vida y la de su familia.
Cada
vez se ha vuelto más difícil y complicado manifiesta una lideresa indígena
sostener la economía y alimentación en los territorios, dado el crecimiento de
la pobreza rural que es mucho mayor que en el resto del país.
Si bien las mujeres indígenas y
campesinas no son sujetos de crédito como los hombres, el que se logre condonar
las deudas aliviaría en algo la economía familiar; por esto, se exige que se
tenga igualdad en el acceso al crédito.
Manifiestan
que la feminización del campo hace que muchas mujeres solas deban hacerse cargo
de los trabajos y las actividades del campo, por lo que sus condiciones de
precariedad se profundizan.
Una política de control de
precios de los productos de primera necesidad beneficiaria a todas las mujeres
del campo, permitiéndoles acceder a productos de primera necesidad.
En
este mismo marco exigir que los productos que producen las familias indígenas y
campesinas y las mujeres, y pequeños productores agrícolas se puedan vender a
precios justos y no como ahora que están sometidos a intermediarios que pagan miserias
por sus productos.
Las
mujeres tienen un vínculo fundamental con la tierra, ahí vivimos, producimos y
con esos sostenemos la vida de los nuestros y de nosotras; si nos echan de la
tierra no tenemos a dónde ir; por esto rechazamos a las mineras que invaden
nuestros territorios. Un trabajo duro y complejo en muchas comunidades ha sido
enfrentar a la minería, para nosotras no es una opción de vida, las mineras no
llegan solos, no llegan vacíos, llegan con guardias armados, drones, perros
amaestrados y tienen prácticas intimidatorias, se apropian de las vías que son
comunitarias, dividen a las comunidades y nos enfrentan entre comuneros.
El
tema de salud, es totalmente precario en infraestructura y en atención para las
mujeres indígenas y campesinas, nos falta todo. Las mujeres y niños somos las
que más sufrimos al no tener acceso a una salud digna; así, la desnutrición
infantil sigue siendo uno de los problemas más duros que se tienen que vivir.
En las demandas planteadas por el
movimiento indígena, las mujeres particularmente las voceras y lideresas en el
paro reconocen que están incluidas sus demandas y sin embargo hace falta una mayor definición
de sus necesidades y demandas específicas como mujeres, esto da cuenta de que
la situación de la mayoría de familias es tan precaria que hay
que luchar por conseguir unos mínimos que ayuden a paliar en algo las enormes
necesidades que tienen y que los derechos de las mujeres indígenas y campesinas
son relegadas permanentemente.
Una de las voceras sostiene en
una entrevista, que el paro nacional es un reto para las mujeres populares del
campo y de la ciudad. Mostrar las diferencias y enunciar las necesidades
específicas de las mujeres en todo el pliego de peticiones ha sido difícil, por lo tanto tenemos que seguir trabajando y para eso estamos, estas son las voces de las mujeres.
También hablan de que a las
organizaciones indígenas y campesinas les falta crecer para reconocer la situación
y necesidades de las mujeres. Y apoyar para que puedan asumir liderazgos locales
y nacionales ya que para las mujeres indígenas, campesinas y populares es un reto
todavía a vencer, dado que esto significa dar mucho tiempo a estas actividades,
y a veces se convierte en una carga más a sostener.
Falta establecer diálogos con las
organizaciones de mujeres y de feministas de la ciudad, estos han sido mínimos,
ya que todo el trabajo está centrado en potenciar la estructura organizativa de
las comunidades.
Otro desafío a vencer, que es
doloroso para nosotras, la actitud discriminatoria con tinte racial, que no
reconoce nuestros aportes como mujeres, indígenas y campesinas, que ponen
murallas y nuestro acceso a los derechos es muy limitado.
Por eso estamos presentes, nosotras abrimos las movilizaciones, enfrentamos la represión, sostenemos el paro, somos quienes cuidamos al resto. Es importante anotar que en algunas ciudades las mujeres estuvieron presentes a través de nuevas formas de protesta y lucha.
En la ciudad de Cuenca desde el inicio del paro nacional las mujeres se convocaron para apoyar y participar a través de bordados colectivos, denunciando la violencia, tejiendo apoyos, charlando, llorando y reflexionando, protestar a nuestra manera y tejer solidaridades con el paro.
En Quito se convocó por parte de
varias organizaciones y de mujeres indígenas, campesinas y populares a un
ritual simbólico contra la violencia y la represión.
También hay que rescatar la
presencia de varias organizaciones, mujeres feministas y disidencias que desde
el primer día llamaron a marchas, plantones y estuvieron presentes en los
lugares de paz y de acopio y en las movilizaciones, pero también se vieron
muchas ausencias de las organizaciones feministas tanto en las movilizaciones
como en el trabajo de solidaridad y apoyo.
Las que estuvieron presentes
reconocen que la crisis les afecta, que la violencia contra las mujeres no
para, que en general la vida de las mujeres es cada vez más difícil, que son discriminadas,
aunque de diferente manera.
Las consignas reflejan este
panorama, contra el machismo, contra el gobierno extractivista y patriarcal,
contra la violencia, contra el racismo:
El colectivo Mujeres, Feministas y Disidencias se sumaron al Paro Nacional con una agenda de propuestas que las han visibilizado en una serie de acciones y protestas, en Quito, Guayaquil, Cuenca y otras ciudades del país.
Dos Proyectos de País
Por: Fernando López Romero
Movilizacion Indígena y Popular y Estado de Excepción
No permitiremos otro octubre del
19… ha sido desde la mañana del lunes 13 de junio el mensaje del Ministro del Interior
Patricio Carrillo, quien es junto a Fausto Cobo, jefe de inteligencia, una
pieza clave del esquema represivo del gobierno.
Aunque en tono más velado, es el
mismo mensaje del ministro de Gobierno Francisco Jiménez. Es también el clamor
de los gremios empresariales, de la banca y de la gran prensa. Luego de varios
días de silencio Guillermo Lasso habló de diálogo el jueves 16 y el sábado 18
decretó el estado de excepción en las provincias de Imbabura, Pichincha y
Cotopaxi, donde las movilizaciones indígenas y populares han sido las más
fuertes en esta semana.
Desde hace varios días en Quito
crece la movilización social y en la tarde del viernes alcanzó los niveles más
altos. El mapa de la movilización en Quito pone al desnudo la situación: son
los barrios periféricos más pobres del sur de la ciudad y la periferia social
del norte y los valles, junto con el centro de la ciudad, donde las
movilizaciones indígenas y la presencia de los pobres urbanos ha sido más
fuerte; como en octubre del 2019. No han habido movilizaciones hacia la
Asamblea Nacional, el objetivo de la protesta es claramente el Poder Ejecutivo
y la figura del banquero Guillermo Lasso.
La declaratoria del Estado de Excepción sube el nivel de la confrontación desde el Gobierno, y es la respuesta al anuncio de la CONAIE: diálogo sí, sin dejar de lado la movilización y con resultados.
Para el Gobierno, los empresarios, la derecha mediática en coro, la derecha política que incluye a amplios sectores de unas capas medias cada vez más reaccionarias y racistas, y ese Estado profundo y oscuro de los servicios de seguridad, las movilizaciones indígenas y populares son vistas en el marco de una macro conspiración: son el correismo, en conjunción con el crimen organizado, quienes tratan de derribar a Lasso; el movimiento indígena es la herramienta en este propósito.
Ese es el sentido de
las declaraciones dadas el viernes 17 desde Bogotá al noticiero de Teleamazonas
por María Paula Romo, ex ministra de Gobierno de Lenin Moreno, quien fue
señalada en el informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos
como la principal responsable de la dura represión de octubre del 2019. En este
marco explicativo, repica el mensaje que necesitamos trabajar para salir de la
crisis económica, y la descalificación de la lucha social como vandalismo y barbarie.
Las Dos Opciones del Banquero
Hay dos caminos. El primero es
elevar la represión. En esa línea su primer gran error fue la detención del
Presidente de la CONAIE en la noche del lunes 13, que en el mejor estilo de cómo
ha sido la actuación de Lasso como Presidente, fue como dispararse en el pie
pues solo sirvió para acelerar la incorporación a las movilizaciones de nuevos
sectores indígenas, de organizaciones sociales y de sectores populares. Una segunda
medida ha sido la incorporación inmediata del Ejército contra las
movilizaciones, aunque todavía en segunda fila detrás de las tropas de élite de
la policía. Como muchos cuerpos similares
en América Latina la policía ecuatoriana ha sido asesorada por el gobierno de
Israel, y desde el inicio de las movilizaciones ha utilizado la caballería motorizada
de desplazamiento rápido y balas de goma contra los manifestantes. La tercera
medida es la imposición del Estado de Excepción y el anuncio de la utilización
progresiva, incluso letal, de la fuerza.
El Estado de Excepción implica la
declaración del Distrito Metropolitano de Quito como área de seguridad, bajo el
control de las Fuerzas Armadas, el toque de queda desde las 22 a las 5 horas,
la supresión de la inviolabilidad del domicilio y la prohibición de
concentraciones y movilizaciones. Guillermo Lasso se refugia así en el aparato
de Estado.
El
segundo camino es la adopción de medidas inmediatas, ya no repetir el diálogo
sin resultados para ganar tiempo y diluir al descontento social. Solo una medida
ha sido anunciada por el Gobierno: el control de precios de productos de
primera necesidad, acusando de la especulación solo a los intermediarios.
Pero no se ha dicho cuales productos serán controlados, pues entre los que más han subido, además de la harina, está el aceite de cocina a precio de fabricante, no de intermediario. Y el sector aceitero, tanto de los cultivadores de palma como de los refinadores, como el agro negocio en su conjunto, son de los que más se han beneficiado de las políticas liberales de Lasso.
Esas medidas inmediatas tienen
que ver con el precio de los combustibles;
las ganancias extraordinarias del capital financiero que se mantuvieron
durante la pandemia, ahogando a los pequeños y medianos deudores de la banca; el avance de la minería sobre los territorios
indígenas, que se incrementó durante la pandemia; las demandas de precios
justos por parte de los productores de maíz, banano y arroz, ahogados también por
la banca y el gran capital; el abastecimiento de medicinas para los hospitales
públicos; el aumento de los presupuestos para la educación que vienen siendo reducidos desde el final
del correato; una línea de crédito favorable e inmediata para la economía
popular y campesina.
Ese programa no es el de Guillermo
Lasso; recoge las demandas de la mayoría de la población. Son muchas las voces
que desde hace tiempo señalan que esto es posible, podría realizarse con un
cambio en la política de sumisión al FMI, y reduciendo las enormes tasas de
ganancia del gran agro negocio, de las grandes telefónicas y del capital
financiero.
Significa cambiar de rumbo,
abandonar el dogma neoliberal y apostar a otro plan económico, y negarse a sí
mismo como representante del capital financiero.
Dos Proyectos de País
Las teorías conspirativas sobre
lo que ocurre en el Ecuador se estrellan contra la realidad. Ninguno de los
grandes problemas que estuvieron presentes en el gran estallido social de
octubre del 19, en el cual se movilizaron amplísimos sectores populares que no
eran parte del movimiento indígena, luego de dos años de pandemia y uno de gobierno
neoliberal se han agravado.
Hay un proyecto de país de las
mayorías, que de diversas formas se organiza, se expresa y resiste. Hay un proyecto de país de las grandes élites
empresariales, recurrente en la expoliación a los demás y recurrente en el
fracaso.
Es el de la sucretización de la deuda de los empresarios en 1982 y el de los paquetazos; el del Consenso de Washington y del feriado bancario; el del extractivismo y la dictadura del capital financiero.
Los datos presentados por
instituciones académicas, organismos oficiales y organizaciones sociales, están
a la vista y evidencian la confrontación de dos proyectos de país: el país de
la acumulación de capital a través del despojo de territorios comunitarios, de
los bienes de los pequeños propietarios, y de los salarios de los trabajadores,
el país del orden del capitalismo salvaje; el otro, un proyecto de país basado
en el interés de las mayorías, en la justicia social y ambiental, en la ampliación
y profundización de la democracia, en la redistribución de la riqueza, un
Ecuador Plurinacional e Intercultural.
De un lado está la defensa de la
salud de los indicadores macro económicos, el cumplimiento de los acuerdos con
el FMI y la banca internacional, y el incremento de las tasas de ganancia como
un mandato casi religioso; el despilfarro y el lujo. Del otro lado, una inmensa
y creciente pobreza urbana y rural, el crecimiento del desamparo, la
desnutrición, la angustia y la migración.
Un Pronunciamiento del Consejo Universitario
de la Universidad Central del Ecuador del 14 de junio pasado coloca las
dimensiones de la grave situación que atravesamos. Allí se dice: “La
recuperación de los indicadores macro económicos, no se ha reflejado en el
mejoramiento del empleo ni en el nivel de vida de los ecuatorianos, en especial
en el área rural. A diciembre de 2021, según el INEC, 4 de cada l0 ecuatorianos
del área rural son pobres y 2 de cada 1O ecuatorianos están en extrema pobreza.
Situación que podría agravarse por el contexto internacional y la falta de una
política de gobierno apropiada”. Sobre la situación de la Educación Superior y
de la salud pública, se añade: “La educación pública en todos sus niveles ha
sido afectada por una sostenida reducción del presupuesto, especialmente desde
el año 2019. La educación pública básica y media sufrió recorte presupuestario
de 911 millones de dólares entre los años 2019 y 2020 (fuente Ministerio de
Finanzas). La educación superior pública acumuló en estos años una reducción de
326 millones de dólares. En la salud la reducción en el año 2020 fue de 227
millones (fuente Ministerio de Finanzas). La tendencia no se ha corregido en el
actual gobierno”. Se cuestiona a una política gubernamental que privilegia los
recursos obtenidos por el incremento de los ingresos petroleros y la
recaudación de impuestos, para reducir el déficit fiscal y fortalecer a la reserva
monetaria internacional.
La declaratoria del estado de
excepción como preámbulo de un posible dialogo agrava la situación. Con ello Guillermo
Lasso ha trazado una línea divisoria con las organizaciones sociales y el
gobierno, tensa aún más la situación, y ha emplazado a la propia clase política
que, en forma generalizada, ha sido muy dura en sus cuestionamientos a la
acción presidencial: o están conmigo, o están conmigo… Es una apuesta muy alta
para un gobierno tan débil.
El Estado de Excepción y el
aumento de la represión podrían hasta contener la lucha social, pero solo de
momento. Mientras las organizaciones sociales no sufran una derrota política estratégica
que las desestructuren, y mientras se mantengan vivas las causas del
descontento social, la lucha persistirá. El programa neoliberal, en marcha
desde el retorno a la democracia, solo podría imponerse a través de un régimen abiertamente
autoritario y de derecha.
